Sección: Jurisprudencia
Research, Vol. 7, N° 1, 2024, 4-17
ISSN 2697-3375
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Tendencias y Desafíos en la Justicia Juvenil: un Análisis de la
Participación de Menores Infractores
Fausto Noé Aranda Peñarreta
1*
, Viviana Ivette Aranda Torres
1
& Raul Marcelo Mogrovejo León
1
1
Universidad Nacional de Loja, Ecuador
* Autor de correspondencia: fausto.aranda@unl.edu.ec
Resumen
El aumento en el número de menores infractores en Ecuador es un fenómeno que requiere un análisis cuidadoso y una
comprensión profunda de sus causas y consecuencias. Para abordar este tema de manera coherente y técnica, es
importante considerar varios aspectos. En primer lugar, es fundamental definir el concepto de ‘infractor’ en el contexto
de Ecuador. La sociedad ecuatoriana se enfrenta a una problemática de gran envergadura de naturaleza social y jurídica,
la cual se manifiesta de manera palpable en la activa participación de niños, niñas y adolescentes en actividades
delictivas. Diversos estudios llevados a cabo en este contexto permiten llegar a la conclusión de que la mayoría de estas
conductas violentas y delictivas tienen sus raíces en el entorno familiar, escolar y social en el que se desenvuelven estos
menores, quienes manifiestan patrones de comportamiento antisocial desde edades tempranas. El problema de la
participación activa de menores de edad, en actividades delictivas en la sociedad ecuatoriana es un desafío complejo que
demanda una aproximación multidimensional, abordando tanto las causas familiares, escolares y sociales que
contribuyen a esta problemática. Para el correcto desarrollo de este tema investigativo se aplicaron métodos y técnicas,
así como el estudio de casos reales que abordan este tema.
Palabras Clave: Adolescentes, infracción, delitos, violación, delincuencia, drogas.
Trends and Challenges in Juvenile Justice: An Analysis of
Juvenile Offender Involvement
Abstract
The increase in the number of juvenile offenders in Ecuador is a phenomenon that requires careful analysis and a
thorough understanding of its causes and consequences. To address this issue in a coherent and technical manner, it is
important to consider several aspects. Firstly, it is essential to define the concept of ‘offender’ in the context of Ecuador.
Ecuadorian society faces a major problem of a social and legal nature, which is palpably manifested in the active
participation of children and adolescents in criminal activities. Numerous studies carried out in this context lead to the
conclusion that most of these violent and criminal behaviours have their roots in the family, school and social
environment in which these minors develop, and that they manifest patterns of antisocial behaviour from an early age.
The problem of the active participation of minors in criminal activities in Ecuadorian society is a complex challenge
that demands a multidimensional approach, addressing the family, school and social causes that contribute to this
problem. For the correct development of this research topic, methods and techniques were applied, as well as the study
of real cases that address this issue.
Keywords: Adolescents, offending, crime, rape, delinquency, drugs.
Veritas & Research
ISSN 2697-3375
Vol. 7| N° 1| 2025
Edita:
Departamento de
Investigación,
Vinculación e
Innovación.
Pontificia Universidad
Católica del Ecuador
Sede Ambato.
Ambato - Ecuador
Recibido: 28/03/2024
Aceptado: 06/11/2025
Publicado: 03/02/2025
Citar como:
Aranda Peñarreta, F.N.,
Aranda Torres, V.I. &
Mogrovejo León, R.M.
(2025). Tendencias y
Desafíos en la Justicia
Juvenil: un Análisis de la
Participación de Menores
Infractores. Veritas &
Research, 7(1), 4-17.
Licencia:
Creative Commons
Atribución-No
Comercial-Sin Derivadas
4.0 Internacional (CC
BY-NC-ND 4.0)
Tendencias y Desafíos en la Justicia Juvenil
Research, Vol. 7, N° 1, 2024, 4-17
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Tendências e desafios da justiça juvenil: uma análise do
envolvimento de delinquentes juvenis
Resumo
O aumento do número de delinquentes juvenis no Equador é um fenómeno que exige uma análise cuidadosa e uma
compreensão profunda das suas causas e consequências. Para abordar esta questão de uma forma coerente e técnica, é
importante considerar vários aspectos. Em primeiro lugar, é essencial definir o conceito de “delinquente” no contexto
do Equador. A sociedade equatoriana enfrenta um grande problema de natureza social e jurídica, que se manifesta de
forma palpável na participação ativa de crianças e adolescentes em actividades criminosas. Vários estudos realizados
neste contexto permitem concluir que a maior parte destes comportamentos violentos e criminosos têm as suas raízes
no ambiente familiar, escolar e social em que estes menores se desenvolvem e que manifestam padrões de
comportamento antissocial desde tenra idade. O problema da participação ativa de menores em actividades criminosas
na sociedade equatoriana é um desafio complexo que exige uma abordagem multidimensional, abordando as causas
familiares, escolares e sociais que contribuem para este problema. Para o correto desenvolvimento deste tema de
investigação, foram aplicados métodos e técnicas, bem como o estudo de casos reais que abordam esta questão.
Palavras-chave: Adolescentes, infração, crime, violação, delinquência, drogas.
Introducción
Hoy en día el tema de menores infractores dentro de la
sociedad es un problema a gran escala en el aspecto social,
puesto que se evidencia la participación más activa de
niños, niñas y adolescentes en conductas de carácter
delincuencial. Algunos de los factores determinantes para
que estos menores se involucren en estas actividades se basa
inicialmente en la falta de recursos económicos, la falta de
educación, la migración y el abandono de sus padres o
representantes legales. Por lo cual estos menores quedan
expuestos a situaciones altamente conflictivas dentro del
núcleo familiar (Ramírez Morales et al., 2023). Otro factor
determinante para que estos sujetos se vean involucrados en
actividades delictivas es el fácil acceso a sustancias
psicotrópicas, lo que conlleva a que estos adolescentes se
conviertan en sujetos activos del delito en el Ecuador
(Fiscalía General del Estado; FGE, 2019).
Desde una perspectiva jurídica, y analizando el trabajo de
Graña y otros (2007), es fundamental destacar la
importancia de evaluar de manera constante y rigurosa la
efectividad de las políticas gubernamentales y los sistemas
de justicia en la prevención y el castigo de las infracciones.
Esta evaluación es crucial para garantizar que el Estado
cumple con su deber de mantener la seguridad y el orden
público, así como para proteger los derechos y las libertades
individuales de los menores infractores.
Las conductas antisociales en menores representan un
problema social de relevancia, como señala Peña y Graña
(2006), estas conductas se caracterizan por la manifestación
de comportamientos agresivos recurrentes, actos de robo y
vandalismo, los cuales conllevan a una transgresión
significativa de las normativas tanto en el ámbito escolar
como en el familiar de dichos individuos. Este
comportamiento, por ende, posee implicaciones
significativas en el desarrollo psicosocial de los menores,
así como en el entorno en el que se desenvuelven.
Este tipo de conducta que presentan niños, niñas y
adolescentes en el ámbito del Derecho Penal, son actos
infracciónales, es decir, que cada uno de los delitos
cometidos por un menor infractor no conduce a una pena o
sentencia, sino que el juzgador se encuentra en la obligación
de establecer medidas de carácter socioeducativas. Y ya
que estos sujetos no pueden ser aislados tanto del vínculo
familiar como social, es el estado ecuatoriano el que una
vez determinado la responsabilidad penal del mismo, se
encuentra en la obligación de brindarles a estos infractores
una correcta orientación para su proceso de reinserción a la
sociedad, en base a medidas sociales, legales y educativas
(Uceda Maza & Domínguez Alonso, 2017). Esto es
relevante para preservar el bienestar y desarrollo adecuado
(Moreta-Herrera et al., 2023)
Para comprender de mejor manera este tema, es necesario
analizar si las políticas de aplicación de la ley son
consistentes con los principios de legalidad y respeto a los
derechos humanos, evitando el abuso de poder y la
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discriminación. En lo que respecta al sistema penitenciario,
su evaluación es esencial para determinar si cumple con su
objetivo de rehabilitar a los infractores y garantizar su
reinserción social. Esto incluye la revisión de las
condiciones de detención, el acceso a programas de
rehabilitación y educación, y la supervisión de las
condiciones de vida en prisión para evitar la violación de
los derechos fundamentales de los infractores.
Para Ossorio (2018), el término delincuencia se encuentra
definido como: “Conjunto de infracciones de fuerte
incidencia social cometidas contra el orden público”, por
cuanto se puede definir a la delincuencia juvenil como un
fenómeno que hoy en día afecta de manera potencial a la
sociedad, por ende, es importante tratar a estos sujetos como
delincuentes potenciales del mañana. La implicación de
niños en el sistema judicial puede originarse por diversas
causas. Predominando la manifestación de conflictos
legales. Sin embargo, es importante destacar que la
presencia de menores en el ámbito judicial no se limita
únicamente a su papel como infractores, sino que también
puede derivarse de su condición de víctimas o testigos en
casos criminales. Este aspecto subraya la complejidad y la
diversidad de las circunstancias que pueden llevar a la
participación de los niños en el sistema judicial, requiriendo
un enfoque integral y multidisciplinario para abordar
adecuadamente sus necesidades y garantizar su protección y
bienestar (Humanium, s.f.).
Dentro del ámbito jurídico, es la edad, con la cual se puede
determinar la capacidad y grado de responsabilidad de un
sujeto ante una actividad delictiva. Así mismo, se puede
determinar la voluntad y conciencia de este, ante el
cometimiento de un delito. Es por eso por lo que el menor
infractor al no poseer cierta capacidad de madurez mental se
convierte en un sujeto inimputable, como lo establece el
Art. 307 del Código de la niñez y Adolescencia (Congreso
Nacional del Ecuador [CNE], 2003). En el cual nos señala
que los niños y niñas son absolutamente inimputables y
tampoco son responsables; por tanto, no están sujetos ni al
juzgamiento ni a las medidas socioeducativas contempladas
en este Código. Es decir que, si un niño o niña es
sorprendido en casos que puedan ser considerados de
flagrancia según el artículo 326, será entregado a sus
representantes legales y, de no tenerlos, a una entidad de
atención. Se prohíbe su detención e internación preventiva.
Cuando de las circunstancias del caso se derive la necesidad
de tomar medidas de protección, éstas se tomarán
respetando las condiciones y requisitos del presente Código.
Según la Convención Internacional sobre los Derechos de
los Niños (United Nations Organization; UNO, 1946) exige
a los Estados miembros establecer una edad mínima por
debajo de la cual se presumirá que los niños y niñas no han
infringido la ley penal. En la Figura 1 se puede observar la
edad mínima de Responsabilidad Penal de los menores en
cada uno de los países miembros del United Nations
International Children's Emergency Fund (UNICEF, 2016)
de América Latina.
Figura 1.
Edad Mínima para la responsabilidad Penal en América Latina
Fuente: UNICEF (2016)
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La Edad Mínima para la Responsabilidad Penal (EMRP),
es a partir de los 12 años de edad, para cual plantean ellos
medidas de protección especial para estos sujetos puesto
que los y las adolescentes que cometen un delito por
debajo de la EMPR no pueden ser formalmente acusados
y responsables en el sistema de justicia juvenil.
En términos de posibles soluciones con el presente
artículo se busca dar un enfoque integral, el cual aborde
tanto las causas subyacentes como las medidas de
aplicación de la ley que podrían ser necesarias para
corregir esos vacíos legales que existen en el sistema
judicial ecuatoriano referente a la rehabilitación y
reinserción social de los niños y niñas y adolescentes
infractores. Esto podría incluir la implementación de
políticas de prevención del delito, programas de
rehabilitación para infractores, mejoras en la educación y
el acceso a oportunidades económicas, y una revisión de
las leyes y regulaciones para asegurar que sean
equitativas y efectivas.
El presente artículo tiene como objetivo llevar a cabo un
análisis exhaustivo de la actual situación en el país en lo
que respecta a la participación activa de menores de edad
en delitos de carácter penal. Es decir, al poder identificar y
examinar las causas sociofamiliares subyacentes que
contribuyen al comportamiento delictivo y al elevado
índice de involucramiento de estos menores en las
diversas bandas criminales presentes la sociedad actual
desde una edad temprana. Para la lo cual se han abordado
cuales son factores individuales como los contextuales
que impulsan a estos menores a cometer actos delictivos.
En primer lugar, es imperativo conocer cuáles son las
circunstancias familiares que pueden influir en su
conducta. Esto incluye factores como la disfunción
familiar, la negligencia parental, el abuso, la falta de
supervisión adecuada y la exposición a modelos de
conducta delictiva dentro del hogar. Estos elementos
contribuyen significativamente a la vulnerabilidad de los
menores y a su predisposición a unirse a actividades
delictivas.
Con el análisis del tema en investigación se pudo
corroborar la interacción compleja entre los factores
familiares y contextuales que contribuyen a la
participación de menores de edad en actividades
delictivas. Con la investigación de la dinámica de
reclutamiento de estos sujetos, se han identificado los
mecanismos y estrategias utilizados para el
involucramiento continuo de estos menores en el mundo
del crimen.
Estado del Arte
Para facilitar la comprensión del tema de estudio, se han
propuesto los siguientes términos clave. Los mismos que
están diseñados para proporcionar una estructura
conceptual y un marco de referencia que permita abordar
de manera sistemática y analítica los aspectos relevantes
del tema en cuestión.
Reseña Histórica del Derecho de Menores
En la antigüedad las sociedades no reconocían a la
infancia derecho alguno. Los menores eran contemplados
desde una perspectiva de sometimiento a sus mayores. La
Declaración de los Derechos del Niño (UNO, 1959),
amplía a diez puntos los derechos del menor e insiste en
la protección de la personalidad de éste. Encuadrándolo
en la importancia del hogar y de la familia. Además, se
recogen los derechos y libertades fundamentales de la
infancia, como la igualdad, la protección especial, la
calidad de vida y la educación. Por primera vez aparecen
literalmente los ‘Derechos’ del niño, y en este decálogo
de derechos lleva también el enunciado de una serie de
libertades fundamentales para la actuación del menor.
Vidal (2002) señala que la protección del menor ha
evolucionado desde las sociedades antiguas en las que no
se reconocían a la infancia derecho alguno, dándose el
primer paso a la protección del menor en el siglo XX, con
la Declaración de Ginebra de 1924, desarrollándose con
la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y 1979
y el Convenio de protección del Niño de La Haya de 1993.
Menores infractores
Apoyados en la dogmática, según Cruz y Cruz (2007)
lo que debe entenderse por un ‘menor infractor’, es
aquel que carece de capacidad de ejercicio; misma que
adquirirá a los 18 años según la legislación ecuatoriana,
convirtiéndose asimismo en imputable, y, por tanto, en
agente de la comisión de ilícitos. Es por ello por lo que,
hasta antes de adquirir la mayoría de edad, la doctrina
moderna coincide en señalar que el menor no puede
considerarse como sujeto activo de un delito; así, aun-
que su conducta se adecue a alguno de los tipos señalados
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en la legislación sustantiva, no está justificada la
intervención del aparato punitivo estatal en su contra. Se
afirma entonces, que el menor de edad, por su condición,
queda fuera del derecho penal. Criterio que se comparte
con otros autores, los cuales coinciden que no puede
haber una definición exacta de un menor infractor puesto
que por su minoría de edad estos vienen a ser sujetos
inimputables dentro del sistema judicial, hecho que ha
llevado a que hoy en día se pueda palpar la realidad de
más niños y niñas inmersos en el mundo delincuencias y
al ser reclutados a temprana edad por grandes bandas
delictivas, cada día existen más delincuentes en potencia.
Como lo señala Uceda Maza (2006), señala que hablar
del menor infractor, es lo mismo que hablar del fenómeno
de delincuencia juvenil, dado que podemos decir son dos
realidades coexistentes, es decir, para ser menor infractor
es necesario haber pasado por un proceso que finaliza con
la preceptiva etiqueta, es decir, es etiquetado social y
jurídicamente como ‘Menor Infractor’.
Seguridad Ciudadana y Delincuencia Juvenil
Se considera delincuencia juvenil, desde el punto de vista
jurídico a aquellos jóvenes mayores de 14 años y menores
de 18 los cuales desarrollan conductas tipificadas como
delitos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP;
Asamblea Nacional del Ecuador, 2014). Este tipo de
delincuencia es un fenómeno social el cual pone en riesgo
la seguridad pública por su progresiva peligrosidad.
Actualmente, Latinoamérica se enfrenta a una variedad
de problemáticas que vulneran la seguridad de los
ciudadanos, ya que, la mayoría de los países presentan
inconvenientes de criminalidad, violencia y grupos
delincuenciales, preocupando a su población,
entendiéndose que no es una situación que competa al
gobierno local sino de instituciones y comunidad en
general (Ramos et al, 2022). Según Flores Flores (2020),
la seguridad ciudadana se considera como una situación
social la cual está basada en la sensación de confianza, y
una falta de miedo por sufrir algún daño a la integridad
física, psicológica y social, siendo el Estado, el principal
responsable de garantizar el patrimonio, la vida y el libre
tránsito de los ciudadanos. La seguridad ciudadana en el
contexto ecuatoriano se halla comprometida debido al
significativo involucramiento de individuos menores de
edad en conductas delictivas que abarcan desde actos de
hurto hasta casos de homicidio. Esta realidad plantea un
desafío considerable dentro del sistema judicial, dado que
estos sujetos, al ser considerados inimputables, generan
un escenario de preocupación aguda en cuanto a la
eficacia y la equidad del proceso legal.
Perfil del Delincuente Juvenil
Los expertos enfatizan la importancia de abordar los
aspectos cognitivos del perfil del delincuente juvenil
como parte integral en el diseño de programas y modelos
educativos preventivos. Esta focalización permite
comprender mejor las motivaciones, percepciones y
procesos de toma de decisiones que subyacen a las
conductas delictivas en esta población. Por ejemplo, un
estudio descriptivo señala factores individuales y
biográficos característicos de la delincuencia a juvenil,
como son, el impulso, afán de protagonismo, fracaso
escolar, el consumo de drogas, baja autoestima, familia
desestructurada, la pertenencia a una clase baja, alta
agresividad (Instituto Internacional de Estudios en
Seguridad Global; INISEG, 2019). Al analizar los
aspectos cognitivos de estos jóvenes, se pueden
identificar patrones de pensamiento disfuncionales o
distorsionados que contribuyen al comportamiento
delictivo, lo que a su vez facilita el desarrollo de
estrategias de intervención más efectivas las cuales se
adaptan a las necesidades específicas de los jóvenes en
riesgo. Asimismo, esta aproximación permite la
implementación de enfoques preventivos basados en la
promoción de habilidades socioemocionales, la
resolución de conflictos y el desarrollo de una percepción
más adecuada de las normas sociales y legales. En
consecuencia, el análisis detallado de los aspectos
cognitivos del carácter del delincuente juvenil
proporciona una base sólida para el diseño e
implementación de programas preventivos que buscan
reducir la incidencia delictiva y fomentar una
participación constructiva en la sociedad.
Tendencias delictivas
Uno de los elementos importantes de las sociedades
actuales reside en la delincuencia. En las últimas décadas,
los homicidios que han sido cometidos por menores se
alzan como un problema social, aun cuando desde los
estudios sobre delincuencia juvenil, ponen de relieve que
son residuales (Valero Matas, 2018). Frente a los
acontecimientos mencionados, emerge un coro de
opiniones que sugiere un incremento en la incidencia
delictiva, atribuyendo este fenómeno, en parte, a la
accesibilidad ampliada a sustancias estupefacientes, la
carencia de oportunidades laborales, sanitarias y
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educativas, así como a la disgregación de la célula
familiar, la sobreprotección y a un marco legal
indulgente. Estas circunstancias configuran una sociedad
caracterizada por la falta de asunción de
responsabilidades, la volatilidad y la ausencia de
compromiso social. El estudio de la evolución y
tendencia de las conductas delictivas en los jóvenes es
pobre y muy parcial. La opinión pública internacional
considera que la delincuencia juvenil ha aumentado
considerablemente en las últimas décadas y que se trata
de una delincuencia más violenta, en la que las jóvenes
tienen una mayor participación y que no culmina hasta
los últimos años de la adolescencia (Fernández et al.,
2009). Ante esta realidad, afloran voces de un
crecimiento de la delincuencia juvenil, asunto que,
viendo los datos, la mayoría de las infracciones son
hurtos, amenazas o destrozos. A modo de prevención o
de adentrarse en mayor profundidad es necesario realizar
un análisis más pormenorizado atendiendo a cuestiones
jurídicas, sociales y educativas.
Abandono infantil
El abandono infantil hace referencia a la insatisfacción
y/o desatención de necesidades del niño, necesidades que
requieren ser cubiertas para garantizar un desarrollo
emocional y físico, y necesidades que han de ser
cubiertas por ser vistas como responsabilidades por los
progenitores, quienes están sujetos a un compromiso de
asumir roles de facilitadores, educadores y orientadores
en la etapa de formación y recepción de conocimientos
de un niño o adolescente (Cortez, 2021). Desde una
perspectiva fundamentada, el abandono se define como la
condición caracterizada por la carencia de provisión de
cuidados y atención adecuados en áreas fundamentales
como la alimentación, vestimenta, alojamiento, atención
médica y protección del individuo. Esta situación implica
una falta de satisfacción de necesidades básicas esenciales
para el bienestar y la supervivencia, lo cual puede tener
consecuencias adversas significativas en el desarrollo
físico, emocional y social del sujeto afectado.
Maltrato infantil
La violencia doméstica, un fenómeno omnipresente en
diversas sociedades, constituye una grave afrenta tanto al
individuo como a la estructura familiar. De manera
particularmente preocupante, se manifiesta con
frecuencia en contra de los niños, resultando en un
deterioro significativo de su bienestar físico, psicológico
y emocional, así como en el de su entorno familiar. A
menudo, este flagelo se relega al ámbito privado, donde
la víctima más vulnerable, el niño, se ve obligado a
soportar su sufrimiento en silencio, sin posibilidad de
buscar ayuda o protección. El maltrato infantil en el
Ecuador, es una de las formas de violencia mediante la
cual nuestra Constitución de la República del Ecuador
(Asamblea Nacional Constituyente [ANCE], 2008) en
concordancia con la Convención sobre los Derechos de
Los Niños (2002) y el Código de Niñez y Adolescencia
(CNE, 2003) han logrado enfatizar ante este mal social
que se ha venido generando desde tiempo remotos hasta
la actualidad, siendo así que con el pasar de los años estas
normativas ecuatorianas han tenido más rigor en contra de
quienes cometen este tipo de actos hacia los niños y niñas
(Arandia et al, 2021).
Corrupción de menores
Se entiende por corrupción de menores, la manipulación
o abuso de personas con capacidad restringida por parte
del autor del delito, quien hace participar a la víctima de
forma prematura u obscena, en actividades de naturaleza
sexual y delictiva que perjudican el desarrollo de su
personalidad. En el Art. 169 del COIP (ANE), hace
referencia acerca de la corrupción de niñas, niños y
adolescentes, el cual dice que la persona que incite
conduzca o permita la entrada de niñas, niños o
adolescentes a prostíbulos o lugares en los que se exhibe
pornografía, será sancionada con pena privativa de
libertad de tres a cinco años.
La Edad y la Responsabilidad Penal
La cuestión de la edad de responsabilidad penal juvenil
es un tema de gran complejidad en el ámbito socio-
jurídico, dado que implica consideraciones tanto legales
como sociales. La determinación de una edad específica
como umbral para atribuir responsabilidad penal a
individuos plantea diversas problemáticas que requieren
atención cuidados (Martínez Idárraga et al., 2012). La
implementación de una edad de responsabilidad penal
plantea desafíos en términos de coherencia y equidad.
Diferentes jurisdicciones pueden establecer edades
diferentes, lo que lleva a discrepancias en la forma en que
se trata a los jóvenes infractores de la ley. Esto puede
generar situaciones de injusticia y arbitrariedad, así como
dificultades en la coordinación y cooperación entre
sistemas legales. Por otro lado, el tema de la
responsabilidad penal para los adolescentes también está
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estrechamente vinculado con la efectividad de las medidas
de rehabilitación y reinserción social. Es fundamental que
el sistema penal juvenil no solo se centre en la imposición
de castigos, sino que también brinde oportunidades para
la rehabilitación y el desarrollo positivo de los jóvenes
infractores.
Metodología
El objetivo general de la investigación es determinar la
participación activa de menores infractores en delitos
penales en el Ecuador”, para ello se propone la siguiente
metodología de investigación. La zona de estudio del
presente artículo fue específicamente, dentro del cantón
y provincia de Loja. La muestra dentro de la ciudad, para
el efecto de la presente investigación, servirá para dar
luces a nivel nacional. La metodología aplicada en la
presente investigación ha incorporado de manera
consciente y sistemática cada uno de los métodos
aplicados, los cuales han sido determinantes en la
adquisición de datos pertinentes vinculados al objeto de
estudio. En particular, se han aplicado tres enfoques
científicos que han desempeñado un rol primordial en el
análisis exhaustivo del fenómeno abordado.
Método descriptivo
Con este método, la información proporcionada en la
investigación descriptiva debe ser verídica, precisa y
sistemática. Es esencial evitar la realización de
inferencias sobre el fenómeno estudiado, ya que lo
primordial son las características (Guevara et al, 2020).
El método descriptivo se puede puntualizar las
características de la población que está estudiando, en
este caso los niños, niñas y adolescentes inmersos en
actividades delictivas. La utilización de un enfoque
descriptivo ha posibilitado la recopilación detallada de
datos sobre la población de estudio, la cual incluye,
características demográficas, perfiles delictivos y
ubicación geográfica. Por lo tanto, se han tomado en
cuenta estos datos, como punto de partida para
comprender la magnitud y la naturaleza del problema en
cuestión.
Método Inductivo–Deductivo
Este método es una fuente de conocimiento puesto que
tanto el razonamiento inductivo como deductivo, tiene
unificación de las ideas se tiene el concepto de veracidad.
El autor de su trabajo investigativo menciona que el
abordaje investigativo se nutre de las fuentes del
conocimiento a través del razonamiento deductivo o del
inductivo y se operacionaliza con el uso del método, los
griegos hicieron la primera contribución al desarrollo del
método para descubrir la verdad (Dávila, 2006). Por lo
tanto, en el presente artículo, se han aplicado los métodos
tanto inductivos como deductivos para analizar las causas
y los orígenes que llevan a estos sujetos menores de edad
a reincidir en delitos de carácter penal. A través del
enfoque inductivo, se ha realizado un examen detenido
de casos específicos de menores infractores para
identificar patrones y tendencias recurrentes en su
comportamiento. Por otro lado, el enfoque deductivo ha
involucrado la aplicación de teorías y marcos
conceptuales para analizar de manera lógica y sistemática
las posibles causas subyacentes de la reincidencia de
estos menores.
Método Histórico
Este método permite estudiar los hechos del pasado con el
fin de encontrar explicaciones causales a las
manifestaciones propias de las sociedades actuales. Este
tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la
manera más objetiva y exacta posible (Dzul 2013). Con
la aplicación de este método se pudo rastrear la evolución
y el contexto histórico de las políticas y prácticas
relacionadas acerca de la participación activa de menores
en delitos de carácter penal en el Ecuador.
En conjunto, estos tres métodos científicos han permitido
una aproximación integral y rigurosa al estudio de los
menores infractores dentro del Ecuador, brindando una
comprensión profunda de su problemática, sus causas y
sus implicaciones históricas. Este enfoque
multidisciplinario y técnico ha sido esencial para avanzar
en el conocimiento sobre este tema y proporcionar una
base sólida para futuras investigaciones y políticas
públicas orientadas a abordar este desafío social. Para
determinar la naturaleza de la investigación subyacente
en el presente artículo científico, se aplicó una
metodología de investigación de carácter documental. En
esencia, esta estrategia investigativa se centró en la
recopilación y análisis de información proveniente de
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fuentes bibliográficas variadas, abarcando textos
académicos, tesis, reportajes, documentos legales, así
como datos estadísticos de origen oficial,
específicamente aquellos obtenidos de la fuente
reconocida y autorizada (Servicio Nacional de Atención
Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a
Adolescentes Infractores, SNAI). En resumen, la
utilización de la investigación documental en este
contexto proporciona una sólida base para la generación
de conocimiento científico, al extraer y sintetizar
información proveniente de múltiples fuentes confiables,
respaldando de esta manera la naturaleza rigurosa y
coherente del presente trabajo de investigación.
Resultados
En el marco de la Constitución de la República del
Ecuador (ANCE, 2008), se establece un enfoque de
atención prioritaria hacia el segmento demográfico
compuesto por las niñas, niños y adolescentes. En su
estudio esta categorización, fundada en principios de
justicia social y protección integral, implica que dicho
grupo poblacional recibe un tratamiento preferente tanto
en el ámbito público como en el privado. El objetivo
primordial de esta consideración es garantizar que los
menores gocen de una vida plena y segura, asegurando la
cobertura integral de todas sus necesidades.
Este enfoque de atención prioritaria no solo es un reflejo
de los compromisos internacionales asumidos por el
Ecuador en materia de derechos humanos, en particular,
los establecidos en la Convención sobre los Derechos del
Niño de las Naciones Unidas, sino que también se
enmarca en la perspectiva de construcción de una
sociedad más inclusiva y equitativa. En este sentido, se
reconoce que la protección y el bienestar de las niñas,
niños y adolescentes son pilares fundamentales para el
desarrollo sostenible del país y para la consolidación de
una democracia participativa y respetuosa de los
derechos fundamentales de todas las personas, sin
importar su edad (Arce et al, 2013).
Hoy en día, se puede observar de manera preocupante un
aumento en el consumo de sustancias psicoactivas,
incluyendo alcohol, drogas y estupefacientes, por parte
de menores de edad en nuestra sociedad. Este fenómeno
se debe en gran medida a la accesibilidad que estos
dichos adolescentes tienen a estas sustancias.
Lamentablemente, esta tendencia se asocia
estrechamente con la participación de estos individuos en
actividades delictivas. Uno de los factores principales el
cual contribuye a esta situación es la falta de control por
parte de los padres o tutores legales. En muchos de los
casos, los menores encuentran un ambiente propicio para
el consumo de sustancias, en entornos delictivos donde la
supervisión y orientación de adultos responsables es
prácticamente nula (Novo et al, 2013). La relación entre
el consumo temprano de sustancias y la participación en
actividades delictivas es innegable. Los efectos adversos
de las drogas y el alcohol en el desarrollo cognitivo y
emocional de los jóvenes, combinados con la presión
social de sus pares en ambientes delincuenciales,
contribuyen a que estos individuos se involucren en
comportamientos delictivos como: violaciones, tráfico de
drogas, vandalismo, robo, asesinatos y otros actos
criminales.
El consumo de sustancias psicoactivas por parte de
menores de edad es un problema multifacético que
requiere una atención cuidadosa y estratégica. En primer
lugar, el fácil acceso a estas sustancias debe abordarse
mediante medidas regulatorias más estrictas y programas
de educación pública que promuevan la conciencia sobre
los riesgos asociados con su consumo temprano.
Además, es crucial que los padres y las familias
desempeñen un papel activo en la prevención,
proporcionando un ambiente de apoyo y orientación que
disuada a los jóvenes de involucrarse en actividades
delictivas.
Es importante destacar que el involucramiento de
menores en actividades delictivas no solo representa un
riesgo para su bienestar y desarrollo, sino que también
puede resultar en un beneficio para las organizaciones
criminales que los reclutan. Estas bandas a menudo
buscan atraer a jóvenes vulnerables que puedan ser
fácilmente influenciados y reclutados en sus filas, lo que
agrava aún más el problema. Uno de los objetivos
principales de esta investigación es realizar un análisis
jurídico, crítico doctrinario sobre la participación en
actividades delictivas por parte de niñas, niños y
adolescentes convirtiéndolos en sujetos activos del delito.
Una de las falencias que se pueden percibir en el sistema
judicial del Ecuador, es la falta de políticas en los
diferentes niveles de Gobierno por falta de proyectos de
reformas Ley por parte de la Asamblea Constituyente, en
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los cuales se integren nuevas medias para una
rehabilitación y reinserción de estos menores en la
sociedad, así mismo nuevas medidas que ayuden para
reactivar el sistema laboral puesto que los padres o tutores
de los menores al no contar con un empleo digno se
ocasiona pobreza en sus os hogares, aumento en el índice
migratorio en los hogares ecuatorianos, provocando
abandono de estos menores y en su desamparo se puede
evidenciar su participación más activa en delitos penales.
Para lograr una evaluación más precisa y técnica de los
actos delictivos perpetrados por menores infractores, es
imperativo llevar a cabo un exhaustivo análisis del
impacto generado por la creciente participación de estos
sujetos en actividades delictivas. Dicha participación
activa ha sido identificada como un fenómeno
multifactorial, cuyos determinantes principales incluyen
el abandono familiar, la carencia de oportunidades
educativas, la persistente presencia de la pobreza
extrema, el reclutamiento precoz por parte de
organizaciones delictivas y el acceso expedito a
sustancias psicotrópicas.
En primer lugar, la carencia de un entorno familiar
estable y el desapego emocional pueden llevar a estos
jóvenes a buscar pertenencia y apoyo en grupos
delictivos como una forma de llenar el vacío afectivo y
de orientación. En segundo lugar, la falta de acceso a una
educación de calidad y oportunidades de desarrollo
personal representa otro elemento fundamental. La
ausencia de alternativas educativas adecuadas puede
dejar a estos menores sin las habilidades y perspectivas
necesarias para aspirar a tener una mejor calidad de vida,
es lo que aumenta su vulnerabilidad a la delincuencia
como medio de supervivencia.
La pobreza extrema constituye un tercer factor
determinante. La falta de recursos económicos y la
marginación social a menudo empujan a los menores
hacia la delincuencia como una vía para obtener ingresos
o satisfacer sus necesidades básicas. Finalmente, el
cuarto elemento relevante es el pronto reclutamiento por
parte de organizaciones delictivas. Estas entidades a
menudo identifican y cooptan a jóvenes en situación de
vulnerabilidad, ofreciéndoles una sensación de
pertenencia y recompensas materiales que los atraen
hacia actividades criminales.
Por lo tanto, la comprensión de estos actos delictivos
cometidos por menores infractores requiere un análisis
integral de los factores que impulsan su participación
activa en el crimen. Solo abordando de manera coherente
y técnica estos determinantes, se podrán desarrollar
estrategias efectivas de prevención y rehabilitación para
ayudar a estos jóvenes a reintegrarse en la sociedad de
manera productiva y alejados del delito.
Según datos de Servicio de Atención Integral a Personas
Adultas Privadas a la Libertad y Adolescentes Infractores
(SNAI), en el Ecuador alrededor de trecientos noventa y
dos menores los cuales oscilan entre los 12 y 18 años de
edad cumplen medidas privativas de su libertad por
diferentes delitos, los cuales se encuentran detallados en
la Tabla 1 a continuación.
De acuerdo con la información proporcionada por el
Sistema Nacional de Atención Integral a Personas
Privadas de Libertad (SNAI), se revela que un
preocupante 55% de los menores infractores han sido
sometidos a procesos judiciales por delitos relacionados
con violación.
Estos datos suscitan una profunda inquietud en la
sociedad, ya que evidencian una alarmante tendencia
hacia la comisión de este tipo de delitos por parte de
adolescentes, En este contexto, el Comité Permanente por
la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de
Guayaquil, subraya que estos eventos tienen un telón de
fondo, caracterizado por problemas estructurales
arraigados en la precariedad económica que afecta las
condiciones de vida de estos jóvenes. Esta perspectiva
resalta la importancia de abordar la cuestión desde un
enfoque más amplio y sistémico, reconociendo que la
delincuencia juvenil no se limita únicamente a la conducta
individual de los adolescentes, sino que está influenciada
por factores socioeconómicos y estructurales que
contribuyen a su comportamiento delictivo.
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Tabla 1.
Delitos
cometidos por Niños, Niñas y Adolescentes
Delito
Menores infractores Porcentaje
Violación 217 55,4%
Robos 58 14,8%
Asesinato 44 11,2%
Tráfico ilícito de sustancias a fiscalización 28 7,1%
Homicidio 16 4,1%
Abuso sexual 9 2,3%
Intentos de asesinato 8 2,0%
Incendio 2 0,5%
Femicidio 2 0,5%
Asociación ilícita 1 0.3%
Lesiones 1 0,3%
Robo con resultado de muerte 1 0,3%
Tentativa de homicidio 1 0,3%
Violación con muerte 1 0,3%
Pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes 3 0,8%
Total 392 100%
Fuente:
SNAI (2023)
Para llevar a cabo un análisis más exhaustivo de esta
problemática, se ha efectuado un estudio de casos reales en
los que se puede apreciar de manera concreta y tangible
la participación activa de estos adolescentes en
actividades delictivas. A continuación, se presentarán los
resultados de dicho análisis, proporcionando una visión
más completa de las dinámicas y factores que influyen en
su involucramiento en conductas delictivas.
En el análisis de la Tabla 2, se puede observar que la
mayoría de los delitos cometidos por estos menores de
edad corresponden a casos de asesinato perpetrados con
el uso de armas. Estos hallazgos son de suma relevancia,
ya que plantean cuestiones legales y sociales que
requieren una atención cuidadosa.
El tratamiento de estos casos ha sido llevado a cabo por
Juez competente, quien ha actuado de conformidad con
las disposiciones establecidas en el Código Orgánico de
la Niñez y Adolescencia. En este contexto, es
fundamental destacar que la justicia en el ámbito de
menores tiene una naturaleza especializada y busca, en
última instancia, el interés superior del menor infractor,
así como la protección de la sociedad. El Juez ha emitido
diversas medidas socioeducativas con el propósito de que
estos jóvenes infractores asuman la responsabilidad de
sus acciones y cumplan con las consecuencias de sus
actos delictivos. Estas medidas están diseñadas no solo
para sancionar, sino también para rehabilitar y reintegrar
a los menores en la sociedad de manera satisfactoria.
El enfoque de la justicia juvenil, en consonancia con el
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, busca
proporcionar a estos jóvenes las herramientas y el apoyo
necesario para su rehabilitación, con el fin de prevenir la
reincidencia delictiva y fomentar su desarrollo como
ciudadanos responsables. En conclusión, la actuación del
Juez en el manejo de los casos de menores infractores que
han cometido delitos de asesinato con armas de fuego se
ajusta a las disposiciones legales vigentes y persigue
objetivos tanto punitivos como de reinserción social.
La aplicación de medidas socioeducativas tiene como
propósito último contribuir a la formación de jóvenes
capaces de reintegrarse en la sociedad de manera positiva
una vez cumplida su sentencia.
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Tabla 2.
Análisis de tres Casos reales de delitos cometidos por menores infractores
Delito Responsabilidad penal Edad Lugar Sentencia
Tentativa
de
asesinato
La conducta tipificada en el Art.
140 del Código Orgánico Integral
Penal en el grado de tentativa Art.
39 del Ibídem, está edad del menor,
determinada por el verbo rector en
la materia “contra vida” en este
caso la víctima de asesinato en el
grado de tentativa señala que el
adolescente J.J.B.P, había realizado
todos los actos con la intención de
matar a la víctima
17 Cantón
Catamayo,
Provincia de
Loja
Se le impone las siguientes medidas
socioeducativas:
1. Amonestación e Internamiento
Institucional por veinte meses en el
Centro de Atención Integral de
Adolescentes Varones de Loja
2. Como medida de reparación de
conformidad al Art. 77 del COIP, el
sentenciado a través de sus padres o
representantes legales deberán pagar la
cantidad de USD $2.000,00 dólares a la
víctima.
Asesinato
El adolescente J.J.R.C, ha cometido
el delito de Asesinato previsto y
sancionado en el Art. 140
numerales 5 y 6 del Código
Orgánico Integral Penal, delito que
atenta como queda dicho los
derechos de libertad y la
inviolabilidad a la vida.
17
Cantón
Catamayo,
Provincia de
Loja
Se le impone las siguientes medidas
socioeducativas:
1. Amonestación verbal y el Internamiento
institucional por cinco (5) años, en los
términos del Art. 381 reformado del
Código de la Niñez y Adolescencia. La
medida la cumplirá en el Centro de
Internamiento de Adolescentes
Infractores Varones CAI LOJA.
2. Como medida de reparación de
conformidad al Art. 77 del COIP, el
sentenciado a través de sus padres o
representantes legales deberán pagar la
cantidad de USD $3.000,00 dólares a la
víctima.
Violación
de
propiedad
privada
El adolescente D.A.P.P, ha
cometido el delito de violación de
propiedad privada, como lo tipifica
en el Art. 181 del Código Orgánico
Integral Penal
15
Cantón Loja,
Provincia de
Loja
Se le impone las siguientes medidas
socioeducativas:
1. Se dispone que el adolescente de
iniciales “D.A.P.P”, realice labor
comunitaria en 3 días de semana desde el
26 de noviembre, 03 de diciembre y 10
de diciembre del 2022, debiéndose
informar de su cumplimiento para los
fines de ley.
Fuente: Trabajo de campo
Discusión
El presente estudio ha arrojado resultados que corroboran
la presencia significativa de menores de edad
involucrados en la manifestación de conductas
amenazantes e intimidadoras hacia la sociedad, lo que
suscita preocupación en cuanto a las implicaciones y
repercusiones de dicho fenómeno. Aunque la muestra fue
pequeña su tamaño se ajusta a otros estudios de diferentes
investigadores a nivel internacional en la temática de la
delincuencia juvenil.
En consonancia con las investigaciones de Vilariño y
otros (2013) quienes se centraron en el análisis de
menores infractores, se advierte que la problemática de la
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socialización y la activa participación de estos individuos
en actividades delictivas se encuentra intrínsecamente
relacionada con la manifestación de niveles subóptimos
de inteligencia emocional en contraposición a los sujetos
normativos. De manera específica, estas disparidades se
evidencian con mayor claridad en la dimensión de la
claridad emocional, donde los adolescentes con
comportamientos antisociales experimentan un
significativo deterioro en su aptitud para identificar y
comprender adecuadamente los estados emocionales que
les son propios.
A través de la investigación llevada a cabo, se ha
constatado la existencia de vacíos en el sistema judicial
en relación con la participación activa de menores de edad
en actividades delictivas, las cuales están tipificadas en el
COIP (ANE, 2014). Es evidente que la implicación de
estos menores en tales actividades constituye una
amenaza latente para la seguridad ciudadana. Este
fenómeno se percibe como un fracaso en la protección y
defensa de los derechos de los niños y adolescentes, así
como en la prevención del delito y la reintegración social
de estos jóvenes en conflicto con la ley.
Según Cisneros (2007), las carencias en los indicadores
sociales y familiares fueron notoria en el total de los
jóvenes acusados por algún delito, las condiciones
corresponden a todas aquellas relacionadas con la
marginalidad de la familia y de su entorno. Sin embargo,
el tipo de adolescente acusado no refleja el promedio de
la población joven, aspectos ya mencionados en el
estudio con jóvenes presos en el centro de Prevención y
Rehabilitación Social del Estado Ecuatoriano.
Por lo cual es fundamental mejorar los sistemas de
justicia juvenil, en el cual se garanticen y se respeten los
derechos de los menores involucrados en delitos,
buscando a través del sistema y las medidas
socioeducativas la correcta y satisfactoria rehabilitación y
reinserción en la sociedad de estos sujetos. Esto implica la
creación de centros de detención adecuados, la
capacitación de personal especializado y la promoción de
alternativas al encarcelamiento para aquellos jóvenes que
sean susceptibles de rehabilitación.
Finalmente, en los resultados de esta investigación se
destaca la apremiante necesidad de reconocer que la
participación de niños y adolescentes en conducta
delictivas impactan de forma negativa a la sociedad, la
cual se debe buscar una respuesta integral la cual
involucre a devolveros actores del estado los cuales se
enfoque en mitigar este problema y fortalecer la
seguridad y el bienestar tanto de estos menores como de
la comunidad.
Conclusiones
Tras llevar a cabo un exhaustivo proceso de análisis, el
cual involucró la recopilación y evaluación de
información diversa, datos estadísticos relevantes y un
minucioso análisis de casos reales, se han obtenido las
siguientes conclusiones. El incremento de la
participación de niños y adolescentes en actividades
delictivas en Ecuador es un problema complejo el cual
requiere una respuesta multidimensional y coordinada
por parte del Estado. La participación de niños, niñas y
adolescentes en conductas delictivas que son tipificadas
como infracciones penales es una problemática recurrente
en la sociedad contemporánea. Este fenómeno se
manifiesta de manera significativa en diversas
localidades del Ecuador, ha magnitud de esta cuestión es
notable, ya que su presencia abarca un espectro
geográfico que abarca todas las ciudades del país. La
trascendencia de esta problemática pone de manifiesto
la urgencia de abordarla desde una perspectiva
multidisciplinaria y enfocada en políticas públicas
específicas.
Las medias socioeducativas que reciben menores
infractores no garantizan su rehabilitación social, ni
tratamiento psicológico, puesto que los centros que son
enviados en su mayoría no cuentan con el personal
capacitado para tratar de manera correcta la conducta de
dichos sujetos lo que conlleva que estos infractores se
vuelven sujetos peligrosos para la sociedad y en ciertos
casos hasta reincidentes.
Estos sujetos infractores que han sido analizados exhiben
una disminución en su capacidad de competencia en sus
habilidades sociales en comparación con aquellos
menores que no se ven involucrados en actividades
antisociales.
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