Velaña-Bayas


Veritas & Research, Vol. 3| N° 1| 2021


El recurso de casación y su configuración en la causal cuarta del artículo 268 del COGEP


Erick Bryan Velaña-Bayas1, a


a Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador


Recibido: 09/12/2020 Aceptado: 23/04/2021 Publicado: 1/07/2021


Citar como:

Velaña-Bayas, E. (2021). El recurso de casación y su configuración en la causal cuarta del artículo 268 del COGEP. Veritas & Research, 3(1), 50-59.



Resumen


La presente investigación tuvo como objetivo sistematizar los argumentos que debe utilizar el casacionista para recurrir una sentencia, con base en una posible aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba en el Código Orgánico General de Procesos; su desarrollo se justifica a partir de la carencia de un estudio que permita identificar los parámetros que debe cumplir la demanda del recurso de casación cuando se alega la causal mencionada. El problema se manifiesta en el hecho de que al no cumplir esos parámetros la demanda es rechazada sin entrar a valorar el fondo del asunto, pues se violan requisitos de forma de obligatorio cumplimiento, sin los cuales no prospera el recurso. Se utilizó una metodología, aplicada a la consideración de libros y sentencias de diferentes salas de la Corte Nacional de Justicia. El principal resultado obtenido es un examen de los sistemas de valoración de la prueba, los parámetros de admisibilidad de la prueba, los vicios relacionados con la prueba como causal de casación y los criterios utilizados en la Corte Nacional de Justicia para aceptar o negar el recurso de casación en la valoración de la prueba.


Palabras Claves: Casación, aplicación indebida, falta de aplicación, errónea interpretación, valoración, prueba



The appeal and its configuration in the fourth causal of Article 268 of the COGEP


Abstract


The objective of this investigation was to systematize the arguments that the cassationist should use to appeal a sentence, based on a possible improper application, lack of application or erroneous interpretation of the legal precepts applicable to the evaluation of the evidence in the General Organic Code of Processes; its development is justified on the basis of the lack of a study that allows identifying the parameters that the cassation appeal must meet when the aforementioned cause is alleged. The problem is manifested in the fact that by not meeting these parameters, the claim is rejected without entering to assess the merits of the matter, since mandatory requirements are violated, without which the appeal will not succeed. A methodology was used, applied to the consideration of books and sentences of different chambers of the National Court of Justice. The main result obtained is an examination of the evidence assessment systems, the admissibility parameters of the evidence, the defects related to the evidence as grounds for cassation and the criteria used in the National Court of Justice to accept or deny the appeal. cassation in the evaluation of the evidence.


Keywords: Cassation, improper application, lack of application, erroneous interpretation, assessment, proof



O recurso e sua configuração na causa quarta do art. 268 do COGEP


O objetivo desta investigação foi sistematizar os argumentos que o cassationista deve utilizar para recorrer de sentença, com fundamento em eventual aplicação indevida, não aplicação ou interpretação errônea dos preceitos legais aplicáveis ​​à avaliação das provas do Código Orgânico Geral de Processos; seu desenvolvimento justifica-se com base na falta de estudo que permita identificar os parâmetros a que o recurso de cassação deve obedecer quando se alega a referida causa. O problema se manifesta no fato de que, por não atender a esses parâmetros, o pedido é indeferido sem entrar para apreciação do mérito da questão, uma vez que são violados requisitos obrigatórios, sem os quais o recurso não terá êxito. Foi utilizada uma metodologia aplicada à apreciação de livros e sentenças de diferentes câmaras do Tribunal de Justiça Nacional. O principal resultado obtido é o exame dos sistemas de avaliação das provas, dos parâmetros de admissibilidade das provas, dos vícios relativos às provas como fundamento para a cassação e dos critérios utilizados pelo Tribunal de Justiça para acolher ou negar o recurso. avaliação das evidências.


Palavras-chave: Cassação, aplicação indevida, falta de aplicação, interpretação errônea, avaliação, prova



Introducción


La casación es un recurso formalista y extraordinario (Tolosa, 2005, p. 87), pero en el Ecuador es utilizado generalmente de forma impropia por los sujetos procesales. Ya que la interponen de manera genérica, sin cumplir los requisitos mínimos para que su razonamiento tenga asidero o pertinencia en la fundamentación. Por esa razón, no siempre logran persuadir al juez con pautas o argumentos sólidos en cuanto a las normas de Derecho que consideran transgredidas. Finalmente, tampoco demuestran que la sentencia recurrida es antijurídica, en particular cuando se trata de argumentar sobre la incorrecta determinación o aplicación de las normas pertinentes al caso concreto.

En Ecuador, el casacionista, de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico General de Procesos (COGEP, 2008): “debe tener la solvencia para llegar a determinar con claridad y precisión cuáles son los errores del Derecho que existen en una sentencia, resolución o fallo emitido por el juzgador que pretende recurrir” (art. 142 numeral 6). El referido cuerpo legal establece varios casos en que procede el recurso casación, siendo de interés para el presente estudio únicamente el previsto en el numeral 4 del artículo 268, esto es la “aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba”.Respecto a la norma citada, el objetivo general del presente trabajo de investigación es analizar los diferentes criterios de valoración de la prueba que puedan servir de guía a los abogados litigantes al momento de interponer el recurso de casación, para que sean capaces de construir una adecuada fundamentación. Destinada a persuadir al juzgador sobre los errores en la apreciación o valoración de la prueba, bajo la premisa de que el casacionista debe puntualizar dentro de esta causal, si existen o no errores de Derecho en los preceptos jurídicos que le permitan impugnar ante la Corte Nacional de Justicia una resolución o fallo.

Para la presentación y fundamentación del recurso de casación, el recurrente debe realizar una proposición jurídica completa y bien estructurada. Al punto de evidenciar los errores en la valoración del medio de prueba en que se funda, así como la disposición que considera ha sido infringida en la apreciación de la prueba hecha por el juzgador de instancia. Sin embargo, una revisión de varias sentencias permitió constatar que no en todos los casos el casacionista procede de esa manera. Evidenciándose que en algunos casos deja de lado los hechos o la valoración probatoria, solo presenta un argumento general, e incurre en errores frecuentemente, al entender la sentencia como una violación indirecta de derecho sin mayores argumentos.

Debido a los elementos brevemente descritos, en el estudio se aborda el tratamiento doctrinario y jurisprudencial que los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ecuatoriana han dado respecto a la causal de aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación en la valoración de la prueba, en procesos civiles seleccionados de entre los años 2015-2020, donde se recurre la sentencia precisamente por presuntos errores en materia probatoria cometidos por el juez inferior.

Para la selección de los casos se procedió a realizar una búsqueda de jurisprudencia en el sistema de la Corte Nacional de Justicia alojado en el sitio web: https://www.cortenacional.gob.ec/cnj/index.php/servicio/145-08-sistema-de-busqueda, tomando como palabras claves: casación, valoración de la prueba, apreciación de la prueba y sana crítica. Lo que arrojó para el periodo analizado un total de 53 sentencias relevantes, de las cuales se realizó una selección a través del método de muestra por conveniencia para analizar aquellas donde la causal de casación fue la aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba del artículo 268 numeral 4 del COGEP.

Según lo propuesto por Hernández, Fernández y Baptista (2010) a partir de esa selección inicial, se aplicó el método de muestreo cualitativo que consta de tres etapas: definición de las unidades de análisis, elección de la muestra inicial, revisión de las unidades de análisis y muestra inicial y, en su caso, su redefinición. El análisis se realizó finalmente sobre 5 sentencias seleccionadas, donde se pone en evidencia los principales errores en la fundamentación del recurso de casación y se puede apreciar una línea jurisprudencial de la CNJ sobre el tema.

Para el análisis de las sentencias seleccionadas se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué argumentos debe utilizar el casacionista para recurrir una sentencia con base en una posible aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba? El análisis se enfocó en los criterios de valoración de las pruebas aplicados por el juez de instancia y las alegaciones que presenta el casacionista ante la CNJ para fundamentar el recurso cuando la causa es la aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba.

Para darle una adecuada respuesta a la pregunta de investigación fue necesario primeramente analizar, desde el punto de vista doctrinal, los diferentes criterios de valoración de la prueba, sus características y limitaciones, así como su incidencia en la motivación de la sentencia que realiza el juez, donde se determina la posible existencia de la causal de casación relacionada con la interpretación y aplicación de las normas que regulan la prueba. El estudio doctrinal se basa en la revisión de libros de Derecho procesal, artículos científicos, resoluciones judiciales y el Código Orgánico General de Procesos vigente en el Ecuador, utilizando los métodos propios de la investigación jurídico como el inductivo, el deductivo, el análisis exegético y el estudio de casos (Villabella, 2015, p. 15), lo que permitió construir el marco teórico, doctrinal y legal en que se inserta la investigación.


Desarrollo


Estado del Arte


Los países referenciales que aportan con trabajos de investigación son Francia y Italia, conforme Espósito, Amorebieta y Vera (2020) señalan que “estaría en condiciones de decidir qué aspecto investigar y comparar” (p. 33). Es decir, es instrumento que permite fomentar el aprendizaje autónomo; en los que principalmente se realiza una conceptualización sobre el término y su implicación jurídica. Entre los más relevantes se pueden mencionar:  El concepto de casación de Nuñez (2014), el cual es fundamental para entender el escenario y la constitucionalización actual de: la institución de origen y la fuerza normativa de los precedentes jurisprudenciales, en aras de identificar el papel relevante de las cortes supremas de justicia y su incidencia en la implementación del recurso en el Ecuador con el fin de observar la correcta aplicación de ley. 

La casación se ha constituido en una herramienta procesal a fin de demostrar la inconformidad de las sentencias, es por ello que se debe realizar una elaboración histórica de los elementos constitutivos de la casación, el origen y los motivos de nulidad de las sentencias por vicios procesales (Calamandrei, 1959). El juez supremo encargado de resolver el recurso de las cortes soberanas, para lo cual es eficaz determinar con exactitud el surgimiento y transformación de la administración de justicia, para proveer una alegación y una conclusión tomada con prescindencia de una norma pertinente. 

Coloma y Agüero (2014) deducen que la sana crítica orienta al ejercicio y dimensión probatoria, la cual debe ser racional y razonable que parte de los medios de prueba. Por eso los jueces deben decidir en base del argumento probatorio, por lo que, es un precepto jurídico indispensable respecto a la causal de aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación en la valoración de la prueba. 

Así mismo, Laso (2009) se centra en el estudio de la noción de razones lógicas en la sana crítica como sistema de valoración de la prueba. Esta perspectiva es indispensable, ya que determina el concepto de lógica como adjetivo de las explicaciones que emplean los jueces en el sistema en mención. Interesa saber el grado de razonamiento lógico que emplea el sistema de justicia, para lo cual, ofrece extractos de sentencias en las que se detecta si es una lógica no monotónica o factual. El fin es referirse al uso de la sana crítica como un ejercicio de lógica, pero dentro de los límites que los medios aceptados por el sistema legal permiten probar, para llegar a una proposición razonable en el recurso de casación. 

En sustento, Hitters (2007) agrega que la valoración de la prueba mantiene vicios in procedendo e in iudicando, por lo que es fundamental determinar con esta investigación la distinción clásica y la defectuosa aplicación de la ley en ámbito procesal. Exclusivamente es una violación indirecta que afecta en el derecho como tal.   

En este aspecto, Mejía (2018) deduce la interpretación de la valoración de la prueba. Previamente señala las infracciones procesales, las resoluciones recurribles, las causales y su procedimiento, esto con el propósito de identificar los requisitos mínimos, las formas en que el casacionista debe plantear para llevar a la conclusión que va a satisfacer los intereses para que el recurso tenga aceptación. 

Por último, Andrade (2019) contribuirá a determinar la razón de su inadmisibilidad. El análisis se centra en los profesionales del derecho que no se encuentran debidamente capacitados para realizarlo. Además, su concepción es superficial o en otras ocasiones no existe madurez intelectual para entender los aspectos de fondo y la técnica que esta requiere. La idea es brindar al litigante del derecho una explicación, clara y práctica del recurso extraordinario de casación, revelando la naturaleza jurídica de cada una de las causales. 


La conceptualización de la Casación


El vocablo casación deviene de la palabra francesa cassation derivado de casser que significa ‘romper’, ‘quebrar’, ‘anular’; mientras que la acepción casar de acuerdo con el diccionario de según la Real Academia Española (RAE, 2014) es: “anular, abrogar, derogar una sentencia, invalidarla, dejar sin efecto” (p. 15).

En el plano doctrinario, Calamandrei (1959) cita lo siguiente:


Su ámbito se reduce a verificar, dilucidar y ordenar la reparación de los errores jurídicos inherentes a la sentencia definitiva que ha agraviado indebidamente al recurrente. Cabe únicamente en los casos taxativamente estipulados en la norma correspondiente, por lo que un órgano especializado es exigido en responder las exigencias procesales y el recurso de impugnación que permitirá a la corte hacer una revisión exclusivamente limitada con los fines que determina el derecho procesal (p. 10).

Además, Mejía (2018), deduce que: “se encuentra habilitado para la denuncia de infracciones de normas materiales y procesales” (p. 533). Precisamente el carácter extraordinario de la casación es donde resulta inadmisible que se revise nuevamente los hechos y peor aún que se valore la prueba, por el contrario, lo que se busca es salvaguardar la aplicación del derecho y ubicar hierros que pudieren existir en la sentencia del juez a quo.

El concepto de casación de Nuñez (2014) es fundamental para entender el escenario y la constitucionalización actual en Ecuador. Para ello se focaliza en determinar que:


Es aquel que vigila la observancia y una correcta aplicación de la ley. El interés es hacer jusitcia en favor de los litigantes. Asegura la unificación de la jurisprudencia con el fin de concoer aspectos jurídicos que contribuyen a la seguridad jurídica (p. 42).


Está claro que este recurso extraordinario cabe únicamente en los casos taxativamente estipulados en la norma correspondiente. Es así como una de las causales por las cuales procede la casación es cuando se haya incurrido en aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba. Siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho sustantivo en la sentencia o auto. Siendo esta una de las causales más complicadas de argumentar y resolver, tomando en cuenta precisamente el carácter extraordinario de la casación donde resulta inadmisible que se revise nuevamente los hechos y peor aún que se valore la prueba. Por el contrario, lo que se busca es precisamente salvaguardar la aplicación del derecho y ubicar hierros que pudieren existir en la sentencia del juez a quo.


Los sistemas de valoración de la prueba y su configuración jurídica en COGEP


En este capítulo se hace un análisis de los principales sistemas de valoración de la prueba y su configuración jurídica en el COGEP. El objetivo es sistematizar las principales características de dichos sistemas, así como estudiar sus alcances y limitaciones, de acuerdo a lo preceptuado en el mencionado cuerpo legal, para luego relacionarlos con la causal de casación referida a la aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, prevista en el artículo 268 numeral 4 del COGEP.


Los sistemas de valoración de la prueba


El punto central de esta sección son los sistemas de valoración de la prueba, que en su sentido más general se refieren a los criterios, métodos o procedimientos que se utilizan por el juez para determinar el peso de los medios de prueba en su decisión.

Según Ortells (2016) por valoración o apreciación de la prueba se entiende la “operación para determinar si se considera probado por el juzgador el dato (generalmente de hecho) que se intentó probar” (p. 366). Ampliando su definición indica que esa operación intelectual está dirigida a determinar la eficacia probatoria de los medios de prueba practicados en el proceso de acuerdo al sistema que se aplique, que puede estar destinado a originar convicción en el juzgador o permitirle fijar formalmente el hecho a los efectos de resolver el objeto del proceso.

La pregunta que dan respuesta los diferentes sistemas de apreciación o valoración de la prueba es: según Couture (1958), determina que es claro señalar “¿cómo se prueba?…se trata de saber “cuáles son las formas que es necesario respetar para que la prueba producida se considere válida” (p. 298). Esas formas habría que buscarlas en la legislación, pues corresponde al legislador definir cuál de entre las diferentes formas de valoración de la prueba integra en el diseño del proceso, y qué criterios deben seguirse para asignar valor a los medios probatorios de cara a la decisión del litigio.

Inicialmente se hablaba de dos métodos básicos y distintos, según Palacio (2003) los dos sistemas fundamentales que reconocía la doctrina eran: “el de la prueba legal (o tasada) y el de la libre apreciación del juez (o de la prueba racional)” (p. 421). Esa distinción es común en todos los tratadistas que se ocupan del tema, aunque algunos difieren en sus fundamentos y características.

El primero básicamente consistía en que el propio legislador asignaba un valor automático a ciertos medios de prueba, que una vez incorporados al proceso constituían prueba plena sin necesidad de que fueran ponderadas por el juez. El segundo sistema deja en absoluta libertad al juez para asignar a cada medio de prueba el valor probatorio que considere pertinente, sin más limitaciones que aquellas necesarias para establecer una relación ente los hechos, los medios de prueba y su decisión (Echandía, 1981, p. 88).

De la crítica o insuficiencia de esos sistemas básicos habrían nacido los demás que se conocen en la actualidad y que son objeto de análisis en este capítulo. Alvarado (1989) se refiere a tres sistemas básicos de valoración de la prueba, o de evaluación de los medios de confirmación, que son el de la prueba tasada (prueba o tarifa legales), el de la libre convicción y el de la sana crítica (p. 272). En este sistema el juez quedaba sujeto a “reglas abstractas preestablecidas que le señalan la conclusión que forzosamente debe aceptar en presencia o por la ausencia de determinados medios de prueba” (Echandía, 1981, p. 84), y no está obligado a argumentar su decisión ya que la “motivación de la sentencia no es característica de la tarifa legal”.

Se configura este sistema de valoración de la prueba cuando la ley establece que el resultado que haya producido su práctica ha de ser puesto como fundamento de hecho de la resolución sobre el objeto del proceso, sin necesidad de convencimiento del juzgador respecto de la certeza del resultado obtenido (Ortells, 2016, p. 367), bastaría con que esté presente el medio de prueba en el proceso, para que automáticamente se le asigne el valor probatorio previsto en la ley.

En ese contexto doctrinal, corresponde al legislador determinar cuál de entre todos los sistemas de valoración de la prueba que existen en la doctrina, acoge para su aplicación obligatoria o discrecional por parte de los jueces, o qué combinación de ellos es posible para realizar una adecuada motivación de su decisión de acuerdo con los hechos y los medios de prueba incorporados al proceso. En consecuencia, cualquier estudio sobre los sistemas de valoración de la prueba debe tomar en cuenta la legislación vigente que es la que guía al juez en materia probatoria.

Por su parte, Bello (2016) sostiene que la valoración de la prueba “es la determinación del grado de convicción o certeza que arroja la actividad probatoria, que permite tener como cierto o no un hecho debatido que sea el presupuesto de la norma aplicable al caso concreto, lo que en definitiva permitirá conocer cuál de las versiones procesales debe ser declarada en la sentencia” (p. 840). Al respecto, y conforme lo dispuesto en el artículo 164 del COGEP, en el Ecuador rige el sistema de valoración de la sana crítica. Dicho artículo preceptúa en su parte pertinente lo siguiente: “la prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, dejando a salvo las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos”. En términos de lo explicado por Palacio (2003) y Alvarado(1989), en la valoración de la prueba el juzgador ecuatoriano debe aplicar las reglas de la lógica, la experiencia, y está obligado a motivar su decisión.

Por tanto, al hablar sobre la valoración de la prueba, según Ramírez (2017):

La regla es que esta debe valorarse en conjunto, conforme un análisis lógico de acuerdo con la sana crítica en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el referido artículo del COGEP, el cual no impone a los jueces limitación alguna para aplicar el método o sistema que le parezca más apropiado, siempre que se asegure de hacer una valoración del conjunto del material probatorio aportado por las partes. (pp. 109-115)


Así el sistema de valoración de la prueba previsto en el COGEP se encuentra a medio camino entre la libre apreciación que no impone límites precisos a la apreciación de la prueba por el juzgador, y el sistema de la prueba tasada que fijar reglas básicas que deben aplicarse en esa actividad, sin estar obligado a motivar su decisión (Couture, 1958, p. 270). Por tanto, se puede afirmar que el sistema de valoración de la prueba de la sana crítica es intermedio entre los extremos, ya que deja cierta libertad al juzgador, sin ser absoluta, y le obliga a argumentar sobre el valor probatorio que tiene cada medio de prueba en su decisión, es decir a motivar su resolución.

La remisión a “las reglas de la sana crítica” como que hace el COGEP no tiene un referente claro ni en el propio cuerpo legal ni en la doctrina, donde por lo general se mencionan sin explicitar cuáles son esas reglas, su contenido y alcance y las exigencias que se derivan de ellas. Lo que hace recordar la lógica, apreciación razonada, crítica serena, imparcial y sin pasiones de las que habla Hernando Echandía (1981): “las reglas del correcto entendimiento humano” (p. 98).

En esa doctrina jurisprudencial se aprecian varios elementos importantes respecto a la valoración de la prueba. En primer lugar, cualquier método que se emplee debe tener como finalidad permitir al juez llegar al grado de convicción necesaria para decidir el litigio; es decir, que la valoración tiene siempre una naturaleza finalista. En segundo lugar, además de la sana crítica como criterio de valoración, deben recurrir a otros como su experiencia profesional y los principios de la lógica. De forma tal que su convicción esté sustentada en diversos criterios de valoración de la prueba, y que todos conduzcan al mismo resultado. Que es “llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias controvertidos” como lo exige el COGEP en su artículo 158 que establece la finalidad de la prueba.

Cuando se aplican diferentes criterios de valoración de la prueba es probable que no conduzcan a los mismos resultados, por lo que el juez deberá siempre asegurarse de que, según las reglas de la sana crítica, su convicción respecto a la relación entre los hechos y el peso de esta última en su decisión está fuera de toda duda razonable. Por tanto, no es suficiente con una discrepancia del criterio del juez respecto a la aplicación de una norma que regula la valoración de la prueba para fundamentar un recurso de casación en un posible error con base en el artículo 268 numeral 4 del COGEP.

Sobre este tema indica Yahaira Andrade (2019), que “el profesional del derecho debe atacar la valoración intelectiva que realiza el juez de instancia, esta es una actividad exclusiva de los jueces. Los jueces son independientes para valorar la prueba” (p. 84). En consecuencia, lo que se debe atacar con el recurso de casación es la valoración de la prueba en su conjunto, y no el resultado que se obtenga de manera aislada, y hacerlo con argumentos tendientes a llevar al juez a una convicción distinta a la que consta en la resolución impugnada.

Sobre este punto es importante entender que el juez que debe conocer y resolver la casación, en cuanto a la valoración de la prueba, no tiene la atribución legal de realizar un nuevo diagnóstico del material probatorio aportado por las partes y producido en la audiencia oral. Sino que debe ceñirse a comprobar y señalar si se ha violado alguna de las normas sustantivas de derecho relativas a dicha valoración en la sentencia recurrida, y no hacer una nueva apreciación de los medios de prueba. De lo explicado se puede deducir que la valoración de la prueba es una actividad procesal exclusiva del juez, quien tiene la potestad de establecer con exactitud los hechos controvertidos de acuerdo con la demanda y contestación de las partes procesales. Así como de sus pretensiones y excepciones, para que al momento de dictar el fallo éste se base en el convencimiento a que llegó, una vez analizada la relación entre los hechos, los medios de prueba y su pertinencia respecto a la pretensión de la demanda. Todo lo cual debe ser presentado debidamente en la motivación de la sentencia.

La valoración de la prueba es la capacidad que tiene el juez para desarrollar un razonamiento con el fin de llegar a una decisión definitiva sobre la existencia de un hecho dentro del proceso. Pues el juzgador debe deducir su fallo a partir del análisis del material probatorio proporcionado por los sujetos procesales, aplicando un examen crítico de todos los elementos de prueba incorporados en el proceso judicial sometido a su competencia. Una vez explicados los aspectos generales sobre los sistemas de valoración de la prueba y su finalidad, corresponde hacer un análisis concreto de los principales sistemas de valoración de la prueba que se han desarrollado a lo largo de la historia de los sistemas procesales, con el propósito de sistematizar sus principales características.


La sana crítica


Al respecto Eduardo Couture (2005) sos­tiene que: “la sana crítica configura una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción […] las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano” (p. 270). Según este autor la sana crítica como sistema de valoración de la prueba sería un punto intermedio entre la prueba tasada que obliga al juez a asignar a cada prueba el valor previsto en la ley procesal. Y la libre valoración que le deja en absoluta libertad de signar peso específico a cada medio de prueba incorporado al proceso por las partes. Dicho, en otros términos, combina la limitación de la prueba legal con la liberalidad de la libre convicción. Se trata de un sistema de valoración de la prueba en la que el juzgador debe arribar a una solución del litigio que se plantea por las partes procesales. Estableciendo una relación entre los hechos de la demanda y la contestación, y los medios de prueba que se presenta para sustentar las pretensiones y excepciones que se manifiestan en el conflicto.

Como ya se ha señalado con anterioridad, este es el sistema de valoración de la prueba previsto en el COGEP. Efectivamente el artículo 164 referido a la valoración de la prueba menciona que debe ser apreciada “de acuerdo con reglas de la sana crítica”. La dificultad, en ese caso, es que lo que el COGEP llama reglas de la sana crítica no están sistematizadas en la doctrina, donde hace referencia únicamente a otros criterios adicionales como la lógica o la experiencia ya mencionadas. Esta concepción de la sana crítica debe evidenciar la capacidad de comprensión del juzgador en el descubrimiento de la verdad procesal de los hechos, con sustento en los medios de prueba aportados por las partes procesales, valorados mediante criterios de lógica y racionalidad. El problema será en este caso que cada juzgador puede tener diferentes experiencias profesionales consolidadas en su trayectoria, y dejar que sean esas experiencias diversas las que defina el peso probatorio de los medios de prueba, no parece que sea ajustado a los criterios de la lógica y la razón que se incluyen en la sana crítica como sistema de valoración de la prueba.


Libre convicción


Como se había manifestado con anterioridad, el sistema de valoración de la prueba denominado de la sana crítica representa un punto intermedio entre el sistema de la prueba tasada y el de la libre apreciación de la prueba. En este apartado se analiza brevemente este último en cuanto a sus características fundamentales.

Según la definición de Pina y Castillo, (1966) el sistema de la libre convicción “otorga al juez una absoluta libertad en la estimación de las pruebas. El sistema de la prueba libre no sólo concede al juez el poder de apreciarla sin traba legal de ninguna especie, sino que esta potestad se extiende igualmente a la libertad de selección de las máximas de experiencia que sirven para su valorización” (p. 272). Es un sistema de valoración de la prueba por el cual se otorga toda la potestad, libertad discrecionalidad al juzgador para valorar la prueba dentro del proceso, sin más limitaciones que las generales de generalidad y pertinencia, que operan más al momento de la admisión de la prueba que en su valoración con fines de convicción judicial y como fundamento de la decisión del juez, que en todo caso debe estar fundamentada en las normas vigentes y los hechos relacionados con los medios de prueba.

Por tanto, en el sistema de la libre convicción, la facultad del juzgador para apreciar y valorar las pruebas no se encuentra enmarcada en ninguna formalidad dentro de la ley. Ya que no está pre-establecida en la normativa legal vigente un criterio al que deba sujetarse expresamente, por lo que puede utilizar cualquiera y eventualmente ninguno si eso fuera posible. En términos prácticos, el juzgador estaría autorizado para valorar la prueba de acuerdo con su leal saber y entender.

Para Couture (2005) por su parte, la libre convicción constituye “aquel modo de razonar que no se apoya necesariamente en la prueba que el proceso exhibe al juez, ni en medios de información que pueden ser fiscalizado por las partes. Dentro de este método el magistrado adquiere el convencimiento de la verdad con la prueba de autos, fuera de la prueba de autos y aun contra la prueba de autos” (p. 219). Aquí nos encontramos ante una posición más extrema, pues autoriza al juzgador no solo a valorar libremente la prueba incorporada al proceso y reproducida en la audiencia, sino a razonar incluso al margen de esas pruebas y en contra de ella. Para una cabal comprensión de la tesis de Couture debe tenerse en cuenta que se refiere más bien al proceso civil escrito, de ahí que el juez pueda decidir fuera de las pruebas de autos e incluso en contra de ellas. Pues en ese tipo de procesos no existe audiencia oral donde las partes procesales presenten las pruebas por sí mismas.

¿Qué consecuencias puede tener la aplicación de un sistema tal de valoración de la prueba? Si según expresa Couture el juzgador puede apartarse de los medios de prueba que constan en autos, y aún decidir en contra de ellos, es evidente que cuenta con un amplio margen de discrecionalidad judicial. Y por tanto con la posibilidad de direccionar su valoración de la prueba de acuerdo a intereses ajenos a la una de las partes, y decidir si pruebas en favor de la otra, afectando así el principio de imparcialidad.

Por el contrario, si se sigue la tesis de De Pina y Castillo (1966), aunque “exista discrecionalidad judicial en la valoración de la prueba, el juzgador no podría exceder los límites de las reglas del razonamiento y el entendimiento humano” (p. 279). Que aplicada al proceso significa que debe existir correlación entre los hechos, las normas jurídicas aplicables, las pruebas y la decisión del litigio.

Si se exceden esos límites básicos, la libre convicción se transforma en abuso y arbitrariedad, por el hecho de que el juzgador no queda obligado a explicar o dar razones de su ejercicio valorativo, ya que en ese caso Tarrufo (1999) determina que “no se requiere una motivación analítica y completa sobre las pruebas. Situación que genera la violación del deber de motivar” (p. 423-46). Por las razones apuntadas es que el criterio de la sana crítica se considera más apropiado para la valoración de la prueba como se explicó con anterioridad.

De las conceptualizaciones anteriores, se deduce que la libre convicción se aleja de los sentimientos, intuiciones, impresiones y conocimientos personales y profesionales del juzgador, al hecho de no utilizar la lógica, la razonabilidad y la experiencia para valorar los medios de prueba incorporados al proceso por las partes.


Resultados


La casación no es un recurso ordinario, una instancia adicional o un tercer examen judicial de la relación jurídica dentro de un juicio. Es un recurso extraordinario que procede contra las sentencias que contravienen la ley, la doctrina instituida por la jurisprudencia o cuando se falta a los trámites esenciales del juicio. Los principales fines de la casación son la unificación de la jurisprudencia y la tutela del derecho objetivo con la correcta aplicación de la norma jurídica en los fallos judiciales. Por ello, no está abierto a cualquier resolución judicial, sino solo a las sentencias y autos que pongan fin a procesos de conocimiento.

En la práctica procesal, pues es indispensable que se casen las sentencias emitidas por la administración de justicia. Puesto que la resolución emitida por los jueces en la cual no se ha valorado las pruebas conforme la normativa legal vigente, se ejecute y cause daños irreparables frente a la ley como la lógica que le asistían. Por cuanto, debe existir auditorias permanentes al ejercicio judicial de quienes han sido encargados de velar por el cumplimiento de estas. En el sistema procesal ecuatoriano, la valoración de la prueba se rige por el sistema de la sana crítica, el cual obliga al juez a realizar un ejercicio silogístico respecto de los hechos que, desde su lógica, razonamiento y experiencia, los considera como probados. Tomando en cuenta aquellos mandatos legales conocidos como preceptos jurídicos que determinan reglas que no pueden dejar de ser observadas al momento de valorar una prueba y manifestar su convicción respecto de los elementos facticos alegados por las partes procesales.

Las pruebas se valoran conforme las reglas de la sana crítica para su existencia o validez dentro del proceso judicial. Además, el juzgador en su fallo debe exponer cuales fueron las pruebas que sirvieron de sustento para su dictamen. Las cuales pueden ser objeto de crítica, por lo que, las mismas tienen que guardar un entendimiento humano conforme la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas.

De lo dicho anteriormente, la valoración no debe ser absurda, por lo que obliga a enfocarse en leyes lógicas y formales. También se encamina a una verdadera legitimación porque la operación intelecutal realizada por el juez debe ser coherente evitando falacias con premisas falsas. Por otra parte, tiene la obligación de evitar que sea arbitraria la prueba, puesto que no corresponde aludir un precepto legal. Siempre se considera un análisis conceptual apegado a derecho.



Conclusiones


Además, la valoración de la prueba debe ser obtenida de forma legal cumpliendo la supremacía de la Constitución, ya que si no cumple estos parametros no tiene eficacia. En ese contexto, cuando se invoca esta causal el casacionista debe impugnar cuando se ha valorado una prueba o medios que no ha sido incorporado en el proceso en el momento procesal oportuno. Igualmente, cuando se omite valorar una pureba que ha sido solicitado por una de las partes procesales en el proceso judicial dentro de la etapa probatoria.

Para que prospere el análisis de la causal en mención, se debe especificar cuál es el precepto de valoración que no ha sido aplicado por el juez a quo y se debe señalar la norma de derecho que, como consecuencia del alegado error de valoración probatoria, se ha dejado de aplicar o se ha aplicado de manera errónea.

Por tanto, es importante que el profesional del derecho al momento de fundamentar esta causal de casación realice una argumentación sesuda, estricta y especifica de manera que no incurra en los errores comunes que se denotan en los fallos analizados, donde en su mayoría no prospero ni siquiera el análisis completo de los cargos ya que los requisitos de fundamentación de la causal no se veían reunidos.

En definitiva, es menester que el casacionista tome en cuenta como recomendación, que deberá exponer en su recurso de manera metódica la fundamentación de la causal, englobando los siguientes puntos en un orden lógico jurídico correcto: a) establecer las normas respecto a la incidencia de la valoración de la prueba que han sido infringidas por el juzgador; b) explicar la manera por la cual se produjo dicha violación; es decir cuál fue el procedimiento que se inaplicó; c) hacer referencia respecto al medio de prueba que haya sido sometido a conocimiento, para determinar qué derecho sustancial no se cumplió; y, d) por último surge la necesidad de una deducción explicativa, demostrativa de las normas sustantivas o materiales que se han visto vulneradas.

Asimismo, para proponer esta causal el abogado litigante es necesario que identifique el medio de prueba utiizado por el juzgador de forma ineficaz. De tal manera dejar en claro el nexo entre los medios de prueba y la norma procesal que no ha sido regulada.


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Veritas & Research, Vol. 3, N° 1, 2021, 50-59 7

ISSN 2697-3375